Absueltos por la justicia peruana y reparados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Publicado en revista Caretas 2141
 Félix Cuicapusa sobrevivió a la matanza del penal Castro Castro en 1992. En 1995 fue absuelto y en el 2006 la Corte IDH ordenó al Estado indemnizarlo. (Texto y foto: Caretas) En su discurso por Fiestas Patrias, el presidente Alan García anunció la promulgación de un Decreto Supremo que evitará que el Estado cancele las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos donde las víctimas están cumpliendo condena por terrorismo (CARETAS 2140).
De esta forma se descontará de las indemnizaciones las reparaciones civiles que el Estado exige pagar a los condenados por este delito.
En el 2006, cuando la Corte ordenó indemnizar a los sobrevivientes de la matanza del penal Miguel Castro Castro, el Estado propuso canjear los montos de las reparaciones por alimentación, salud y educación, salvo en el caso de las víctimas que hayan sido absueltas. Hasta hoy no se ha cumplido.
El gobierno olvida que varias de las sentencias de la Corte se refieren a casos de inocentes que fueron acusados como terroristas. Y que además se originan en los insostenibles juicios instaurados durante el fujimorismo.
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Por Bacha Caravedo (*)
Artículo tomado del portal perufilms.pe
-“Actúa bien pero es de color humilde” – fue una frase que escuché en la primera pre producción general (PPG) a la que asistí en mi vida, mientras revisábamos un casting para escoger al protagonista de un comercial de sazonador. En esa época (año 2001), la publicidad era demasiado nueva para mí y me impresionaba que se hicieran tantos comentarios abiertamente racistas. “Ya muy color puerta”, “Ta’ bien que necesitemos a un cholo, pero este ya está muy indio” o “Creo que es un poco moreno y necesitamos a alguien más normalito”, fueron algunas perlitas de las muchas que aparecieron en ese primer año de aprendizaje publicitario.
En esa misma época, un jefe bastante práctico me sentó en la mesa del directorio de la productora para aclararme el panorama: “Mira, las cosas son así. Si para el casting te piden gente de nivel socio económico “a” o “a/b”, quiere decir que se necesita rubios o castaños de ojos claros. Los “b” son blancos de pelo oscuro. “Bc” pueden ser hasta trigueños pero de rasgos occidentales. Tú y yo vendríamos a ser más o menos un “c”, de costeño acholado. El “d” en realidad es una “ch”, de bien cholo. Y el “e” ya te imaginarás”. Según el esquema que había resumido el jefe, un gerente de banco necesariamente tenía que tener la piel rosada, un ama de casa de clase media era blanquita de pelo negro y la empleada doméstica tenía el escudo del chapulín colorado por todo lo alto (siempre y cuando sea extra y no protagonista). “Claro que si te dicen que el comercial es “aspiracional”, retrocedes una letrita y ya está”. En ese momento no se me ocurrió preguntar por otras razas, pero concluí que los orientales y los negros debían estar dentro de la categoría inclasificable de “exótica”.
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A raíz de los conflictos sociales que atraviesan en estos días el sur del país, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa:
- Que, desde el mes de mayo y junio del presente año, en la Región Cusco se vienen produciendo una serie de demandas hacia el gobierno central, centradas en cuestionar la ejecución de proyectos como: Inambari, Majes Siguas II, Salcca Pucara, Gas de Camisea, así como en las concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos y minería, y la exigencia de que el Gas favorezca al sur del Perú.
- La mayoría de estos proyectos se desarrollan en sectores pobres, comunidades campesinas, quechuas, aymaras o nativas, donde la información es escasa. Por tanto, es necesario que el Estado garantice los derechos de estas poblaciones a ser consultados previamente, así como a brindar información oportuna sobre las ventajas o desventajas que generaría su ejecución, para que en base a ello decidan libremente.
 Que, en tal sentido, el Gobierno debe saber escuchar y dialogar con las poblaciones afectadas por estos proyectos y evitar de esa forma hechos lamentables, como los ocurridos el día de ayer, con el saldo de 17 personas heridas.- Nuevamente pedimos al gobierno evitar el uso indiscriminado de la fuerza, así como tomar medidas que busquen el diálogo con la población, y no generen situaciones que hagan más tensa dicha posibilidad.
- Exhortamos al Gobierno Peruano a evitar daños mayores con una mayor voluntad de diálogo y no imponiendo acciones represivas, e invocamos a la población a desarrollar sus demandas en el marco de la legalidad existente. Hacemos un llamado a ambas partes para que desarrollen un diálogo franco y respetuoso, aceptando de ser necesario el rol mediador en el conflicto que importantes autoridades religiosas han ofrecido.
Lima, 05 de Agosto del 2010.
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
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 Abriendo un proceso de desarrollo en Putis
El Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF y la organización Vecinos Perú le invitan a formar parte de nuestra campaña “Paradero Esperanza” que se inicia el domingo 8 de Agosto en el Centro Poblado de Putis, Ayacucho. La misión de esta campaña es impulsar el desarrollo humano en las comunidades afectadas por el conflicto intentando romper y superar la victimización y estigmatización que se suele hacer de los afectados. Ellos saben que tienen un potencial para el desarrollo y Epaf quiere fortalecer sus potencialidades a través de proyectos de desarrollo sostenible.
El primer “Paradero Esperanza” será Putis. Esperamos impulsar el desarrollo en otras comunidades afectadas y así trazar una “ruta de la esperanza” con paraderos visibles y simbólicos en cada comunidad en la que Epaf haya tenido alguna presencia por medio de su trabajo forense.
El “Paradero Esperanza” (Putis) abre sus puertas el 08 de agosto con una ceremonia simbólica en la que se hará el “pago a la tierra” en agradecimiento por el encuentro de sus familiares desaparecidos y por el inicio de una nueva etapa de desarrollo. Luego se ratificará el proyecto con la presencia de las autoridades locales y, finalmente, se llevará a cabo la implementación de la primera fase del proyecto con el establecimiento de un banco de semillas de papas nativas. Este producto tiene una alta demanda dentro del mercado nacional e internacional. La implementación de un banco de semillas es sumamente importante para mejorar la calidad de las papas y hacerla rentable dentro del mercado.
Esperamos contar con su presencia que permitirá la difusión de este evento y contribuirá con la reciudadanización de las víctimas de Putis.
Atentamente
Jesús Peña Romero - Proyectos Epaf - 992229804
jesu_stereo@hotmail.com
pena@epafperu.org
Carmen Rosa Cardoza - Directora de Imagen y Relaciones Institucionales
cardoza@epafperu.org
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su Informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos. El informe analiza la relación entre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y la salud materna, a fin de asegurar que todas las mujeres, particularmente las que han sido históricamente marginadas, gocen de un acceso efectivo a una atención adecuada a la salud durante el embarazo, el parto y el período inmediatamente posterior.
 El informe señala que la protección del derecho a la integridad personal de las mujeres en el ámbito de la salud materna entraña la obligación de garantizar que las mujeres tengan acceso en igualdad de condiciones a servicios de salud relacionados con el embarazo, el parto y el período inmediatamente posterior, así como a otros servicios e información en materia reproductiva a lo largo de sus vidas.
El derecho a la integridad personal guarda una estrecha relación con el derecho a la salud, dado que la provisión de servicios adecuados y oportunos de salud materna es una de las medidas principales para garantizar el derecho a la integridad personal de las mujeres. El índice de mortalidad materna en las Américas alcanza un total de 22.680 muertes anuales y las causas principales son prevenibles. Asimismo, la protección del derecho a la integridad personal de las mujeres implica la obligación de los Estados de garantizar que las mujeres disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental sin discriminación.
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De positivo calificó el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (CNDH), Stephen Haas Del Carpio, la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) correspondiente al periodo 2006-2010, razón por la cual solicitarán la ampliación de este documento por un periodo de un año.
El PNDH contiene lineamientos estratégicos para institucionalizar las políticas públicas y los enfoques de los derechos humanos y su difusión en las instituciones públicas y privadas. A través de este documento se busca asegurar la vigencia de los derechos humanos e implementar políticas afirmativas a favor de los ciudadanos de mayor vulnerabilidad, en condiciones de igualdad de trato y de no discriminación.
“Desde la aprobación del PNDH hasta hoy el Perú ha avanzado y sigue avanzando en materia de derechos humanos”, refirió Haas Del Carpio, tras señalar que los mayores avances se han visto en educación y salud (la universalización del Seguro Integral de Salud), en el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en especial en la reparación colectiva de víctimas. También lo vemos en ciertas ordenanzas de lucha contra la discriminación racial, por discapacidad o en caso de VIH y en la representación política de la mujer. Esos avances en muchos casos se han realizado tomando como referencia el plan.
“Vamos a proponer al CNDH prolongar la vigencia del actual PNDH en un año más; además proponer una eventual revisión y actualización del plan”, señaló el funcionario del Ministerio de Justicia, tras afirmar que el nuevo plan “deberá contener temas de actualidad como: medio ambiente, salud pública, entre otros”.
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 La Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, expresa su preocupación por la situación de temor que viven los pobladores del distrito de Echarate, provincia de la Convención, departamento de Cusco, ante la declaratoria de Estado de Emergencia expresada por el ejecutivo mediante el D.S. 078-2010-PCM, que suspende los derechos constitucionales a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de reunión y tránsito en el territorio, reconocidos en la Constitución Política.
Dicha declaratoria ha ocasionado una fuerte presencia policial en la zona, así como el sobrevuelo permanente de helicópteros, que lejos de brindar un escenario de calma, generan miedo y zozobra entre la población.
En este sentido, APRODEH, recuerda que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado repetidamente sobre la excepcionalidad de la suspensión de garantías por parte de los Estados. Asimismo, han señalado que hay derechos, como el derecho a la vida, la integridad, la libertad de conciencia, o los derechos políticos, que no son susceptibles de suspensión en ninguna circunstancia[1].
Instamos a los agentes de la Policía Nacional a no hacer uso desproporcionado de la fuerza, y al irrestricto respeto de los derechos humanos y los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad en su accionar.
APRODEH, se suma a lo expresado por las autoridades locales y el Comité Central de lucha de La Convención, integrado por diferentes organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos, de pedir que se constituya una Comisión de Alto Nivel con nivel resolutivo para que logren arribar a acuerdos frente a las demandas sobre la exportación del Gas.
[1] Ver, por ejemplo. El Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías. OC-8/87 de 30 de enero de 1987, párrs. 23 y 24.
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 Las historias de dolor producidas por el conflicto armado interno continúan. Este viernes 19 se culminaron los trabajos de ubicación del sitio de entierro de alrededor de cuarenta cuerpos producto de la violencia política, en la comunidad campesina de Putka, ubicado en las alturas de Huanta – Ayacucho. Desde hace 25 años, los deudos siguen esperando una respuesta de la justicia.
“Si se hiciera la exhumación al menos podríamos enterrar a nuestros familiares en nuestras comunidades, por ello pedimos apoyo. Exigimos a las autoridades que nos ayuden a alcanzar justicia y sanción para los culpables” dice en quechua Armando Huamaní quien perdió a su padre y a sus dos hermanas junto con otros doce familiares.
Así como la historia de Armando Huamaní, otras similares se repiten en la comunidad campesina de Pago de Putka – Ayacucho, donde el 25 de diciembre de 1984 se ejecutaron a decenas de campesinos en manos de miembros de la Marina y del Comité de Auto Defensa de Ccanis.
“Es probable que en unos meses se inicie con la exhumación No se descarta la posibilidad de encontrar más de cuarenta restos” comenta Karina Chávez, abogada de Paz y Esperanza, institución que patrocina el caso, añadió que incluso existen familias enteras que fueron asesinadas por lo que no hay quién reclame sus cuerpos. Leer esta entrada completa »
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El cumplimiento de las reparaciones individuales a las víctimas de la violencia terrorista se realizará en forma sostenida, seria y responsable a fin de no generar “falsas expectativas”, señaló Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros.
“Vamos a definir cuestiones técnicas que nos permitirán impulsar las reparaciones individuales en forma seria y responsable, para que sea una obligación que pueda cumplir el Estado y no una falsa expectativa más para las víctimas”, señaló.
Sostuvo que en el grupo de trabajo a su cargo, se precisarán los criterios técnicos para que la iniciativa sea sostenible y no represente una carga imposible de pagar para el próximo gobierno.
“Estas reparaciones tienen que tener un sentido de sostenibilidad. No existe la intención de dejar cargas imposibles de pagar al próximo gobierno, sino iniciar un proceso que tenga los pies sobre la tierra, que puedan trazarse metas que puedan cumplirse desde el Estado”, explicó.
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