Jose Carlos Agüero y Mónica Carrillo, de la Asociación LUNDU analizan la deuda pendiente de la sociendad y los Gobiernos por garantizar los derechos de los afrodescendientes en el Perú.  Acompáñanos en esta nueva edición de Derechos & Humanos, vía Perunet.tv.

El primer ministro reconoce que tal y como está conformado el Gobierno en la actualidad “no puede aportar resultados frente a esta situación”

EFE  -  Puerto Príncipe
ELPAIS.com  -  Internacional - 02-02-2010

El primer ministro de Haití, Jean Max Bellerive, ha dicho este martes que se han contabilizado ya más de 200.000 muertos por el terremoto que asoló Puerto Príncipe y ha precisado que esta cifra no incluye los cadáveres que han quedado bajo los escombros ni las víctimas enterradas por sus propias familias.

Bellerive ha ofrecido estos datos durante una comparecencia en el Senado, en la que planteó a la Cámara la necesidad de cambiar la estructura del Gobierno para poder afrontar la crisis derivada del seísmo. “El Gobierno, tal como está constituido ahora, no puede aportar resultados frente a esta situación”, ha dicho el primer ministro, quien ofreció como alternativas formar un Ejecutivo de crisis, con una redefinición de la misión de los ministros, o dejar el gabinete como está y crear, además, un Comité Nacional de Crisis.

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La película peruana La teta asustada, dirigida por Claudia Llosa, fue nominada a los premios Oscar en la categoría a Mejor Película Extranjera. La ceremonia de premiación será el 7 de marzo en el teatro Kodak de Los Ángeles.

Es la primera vez en la historia que una cinta nacional competirá por un premio de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. La teta asustada ganó el año pasado el Oso de Oro del Festival de Berlín y el 31 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

El Instituto de Defensa Legal acaba de presentar un Amicus Curiae en el proceso de inconstitucionalidad que viene conociendo el Tribunal Constitucional contra los Decretos Legislativos expedidos por el gobierno en el marco de la implementación del TLC con USA, que no fueron consultados con los Pueblos Indígenas, y que originaron en parte los sucesos de Bagua que todos conocemos y cuyas muertes todos lamentamos (Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc28012010-194532.pdf).

Los DL que viene siendo cuestionados son el D.L. Nº 1089 (Régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales), D.L. Nº 1079 (Establecen medidas que garanticen el patrimonio de áreas naturales), D.L. Nº 994 (Inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación la frontera agrícola), Ley Nº 29338 (Ley de recursos hídricos) y D. L. 1020 (organización de productores agrarios y la consolidación de la propiedad rural para el crédito agrario). Todos ellos recaídos en los expedientes Nº 00022-PI/TC, Nº 00023- PI/TC, Nº 00024-PI/TC, Nº 00025-PI/TC, y 00027-PI/TC.

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Comunicado

Rechazamos todo intento de restringir el derecho a la información y la libertad de prensa

SINERGIA, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, expresa su más enérgico rechazo a cualquier medida gubernamental que cercene el derecho de la población venezolana, tanto individualmente como a través de sus expresiones organizadas, a recibir y difundir información.

Son muchos y muy sentidos los problemas sociales que enfrenta el pueblo venezolano y, a su vez, es mucha su capacidad creadora y productiva para enfrentarlos.  Pero es solo mediante el diálogo plural y el debate de propuestas, basados en el acceso a la información y en la posibilidad de expresarse libremente, como esa capacidad de la población puede encontrar concreción en políticas públicas y prácticas para alcanzar una vida digna.

El bien común, expresado en nuestra Constitución y en los pactos y convenios que en materia de derechos humanos ha suscrito la República, implica el más absoluto respeto de las garantías allí contenidas, en particular para quienes, “autorizados para hacer el bien”, como expresaba Simón Bolívar en el Discurso de Angostura, tienen las más altas funciones de gobierno.

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Por Ronald Gamarra Herrera

La terrible desgracia que ha devastado Haití, con millones de víctimas en diverso grado, más de cien mil muertos y el desplome de la institucionalidad estatal, es un caso extremo en el cual confluyen, junto al azar, hechos de la naturaleza y circunstancias de algún modo previsibles, responsabilidades humanas insuficientemente asumidas o culpablemente olvidadas.

Los terremotos son hechos de la naturaleza cuya fecha está librada al azar, pero sabemos que, tarde o temprano, se producirán. La experiencia humana ha llegado hace tiempo al punto de determinar con precisión las zonas sísmicas. En consecuencia, deberíamos estar preparados para prevenir la amenaza y conjurarla una vez ocurrida, pero no ocurre así. Es ahora el caso de Haití, pero fue y es también, entre nosotros, el caso de Pisco desde hace dos años. El olvido sistemático de las políticas preventivas a todo nivel contribuye decisivamente a convertir los fenómenos de la naturaleza en desbordadas tragedias humanas que se repiten.

Sucede lo mismo con respecto a otras eventualidades de riesgo que se dejan pasar con lenidad culpable, y se repiten y repiten produciendo sin cesar víctimas que podrían y deberían evitarse. Es el caso cotidiano de las muertes que se producen por miles en las pistas y carreteras peruanas y que se incrementan año tras año, sin que haya autoridad que asuma responsabilidad para liderar una solución efectiva y aún menos para responder por lo que ocurre.

En todo esto se resiente la falta de una comunidad empoderada, consciente de sus derechos y dispuesta a exigir de sus autoridades actuar con responsabilidad y auténtico liderazgo. Estas cosas ocurren sencillamente porque no hay comunidad democrática que ejerza adecuado control sobre gobernantes y autoridades en defensa de los derechos y la vida de las personas.

Por eso admiro, y no me canso de decirlo, a los familiares de las víctimas de Utopía. Porque ellos, a diferencia de la mayoría, no se dejan aplastar por la desgracia y tampoco se rinden ante la indiferencia de las autoridades. Ellos han decidido exigir el respeto a la vida que se arrebató a sus hijos por la negligencia culpable de unos comerciantes sin ética, apañados por autoridades inertes que prefieren mirar a otro lado. Que se les haga justicia es lo mínimo que merecen por no rendirse ante la adversidad ni la indiferencia.

Fuente: Diario La República

El miércoles próximo se cumplen 65 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Las reflexiones imborrables de Primo Levi plantean por qué los hombres pueden “querer no saber”, por qué los que iban a la muerte no se rebelaban, por qué los que se sublevan son los que menos sufren y por qué, “aunque comprender es imposible, conocer es necesario”.

Por Primo Levi *

Esconder del pueblo alemán el enorme aparato de los campos de concentración no era posible, y además (desde el punto de vista de los nazis), no era deseable. Crear y mantener en el país una atmósfera de indefinido terror formaba parte de los fines del nazismo: era bueno que el pueblo supiese que oponerse a Hitler era extremadamente peligroso. Efectivamente, cientos de miles de alemanes fueron encerrados en los Lager desde los comienzos del nazismo: comunistas, socialdemócratas, liberales, judíos, protestantes, católicos, el país entero lo sabía, y sabía que en los Lager se sufría y se moría.

No obstante, es cierto que la gran masa de alemanes ignoró siempre los detalles más atroces de lo que más tarde ocurrió en los Lager: el exterminio metódico e industrializado en escala de millones, las cámaras de gas tóxico, los hornos crematorios, el abyecto uso de los cadáveres, todo esto no debía saberse y, de hecho, pocos lo supieron antes de terminada la guerra. Para mantener el secreto, entre otras medidas de precaución, en el lenguaje oficial sólo se usaban eufemismos cautos y cínicos: no se escribía “exterminación” sino “solución final”, no “deportación” sino “traslado”, no “matanza con gas” sino “tratamiento especial”, etcétera. No sin razón, Hitler temía que estas horrorosas noticias, una vez divulgadas, comprometieran la fe ciega que le tributaba el país, como así la moral de las tropas de combate; además, los aliados se habrían enterado y las habrían utilizado como instrumento de propaganda: cosa que, por otra parte, ocurrió, si bien a causa de la enormidad de los horrores de los Lager, descriptos repetidamente por la radio de los aliados, no ganaron el crédito de la gente.

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Los impactos del terremoto de Haití, del 12 de enero del 2010 resultan mayores de lo que inicialmente se había considerado. De una población total de nueve millones de habitantes, hasta el momento según la Cruz Roja aproximadamente hay 3 millones de damnificados que necesitan ayuda.

El gobierno de Haití calcula que hay un mínimo de 100 mil muertos, de los cuales 72 mil han sido ya enterrados en fosas comunes. Sin embargo otras fuentes indican que la cifra podría llegar hasta 200 mil personas fallecidas. Miles de cadáveres aún yacen bajo los escombros de edificios y casas derrumbadas.

Muchos otros han sido incinerados en la vía pública o descampados. Se calcula que aproximadamente 250 mil personas quedaron heridas. Dos millones de personas necesitan urgentemente ayuda alimentaria según la ONU. La mayoría de damnificados tienen dificultades para la obtención de agua, alimentos y tratamiento médico. Hay peligro de epidemias.

Respecto a las viviendas se considera que 300 mil familias se han quedado sin hogar, es decir un millón y medio de personas. Otras 300 mil viviendas han quedado averiadas parcialmente. Entre los locales gravemente dañados están el propio Palacio Presidencial, el edificio de la ONU, hoteles, ocho hospitales, locales de bomberos, la Catedral, supermercados, escuelas, caminos, aeropuerto (parcialmente), puertos y sistema de telecomunicaciones. Ha colapsado el sistema de desagüe y el uso de sanitarios. Leer esta entrada completa »

Perú protagonizó un hecho histórico en 2009 cuando condenó a un ex presidente electo por graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los esfuerzos destinados a juzgar a otros responsables de los abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Peru (1980-2000) han tenido resultados decepcionantes, y la mayoría de los responsables continúan evadiendo la justicia. Las investigaciones de masacres y desapariciones forzadas cometidas por fuerzas gubernamentales se han visto obstaculizadas debido a la falta de cooperación militar.

La tortura y el maltrato de presuntos delincuentes representan un problema crónico. En ocasiones la policía infringe los estándares internacionales sobre el uso de fuerza letal para controlar protestas y manifestaciones.

Enfrentar los abusos del pasado

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, casi 70.000 personas murieron o “desaparecieron” durante el conflicto armado interno que sufrió el país. Muchas de ellas fueron víctimas de atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y otras de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del estado.

El 7 de abril de 2009, mediante un veredicto unánime, un tribunal integrado por tres jueces de la Corte Suprema de Perú condenó al ex Presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue el primer líder latinoamericano elegido en forma democrática que fue condenado por violaciones graves de derechos humanos en su propio país. La Corte determinó que era responsable por la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, Lima, ocurrida en noviembre de 1991, la desaparición forzada y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992, y dos secuestros. Los abogados de Fujimori apelaron la sentencia, y en enero de 2010 la Corte Suprema la confirmó con un fallo unánime [actualizado en enero de 2010]. En el juicio se respetaron las garantías de debido proceso y se cumplieron los estándares internacionales que garantizan un juicio imparcial. Al terminar octubre de 2009, Fujimori había sido condenado en todos los demás casos por los cuales había sido extraditado de Chile en 2007, vinculados con cargos de corrupción, soborno y escuchas telefónicas. Leer esta entrada completa »

Las instituciones de la Plataforma Europa Perú (PEP) y miembros de la sociedad civil europea, manifestaron su profunda preocupaciçon frente a la denuncia en contra de la doctora Cristina Olazábal Ochoa, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, como consecuencia de su labor de investigación y denuncia sobre casos de graves violaciones de derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado interno vivido en el Perú entre los años 1980 y 2000.

La PEP señala que “el objetivo que se busca con esta denuncia no es sólo cuestionar e impedir la labor actual de la Dra Olazábal sino que es un duro golpe a la lucha por la justicia en relación a los crímenes del pasado”.

Cabe recordar que la denuncia contra la Fiscal Olazábal fue ordenada por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz,  con fecha del 30 de diciembre de 2009. En esta resolución, la Fiscal de la Nación declaró fundada la denuncia penal interpuesta por Alan García Pérez, presidente de la República, “por la presunta comisión de delito de Prevaricato” por los hechos de Accomarca ocurridos en su primer mandato presidencial.

Ver carta de la PEP